Puede acogerse cualquier persona física —particular o autónomo— que esté en situación de insolvencia, actúe de buena fe y no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio, Hacienda, la Seguridad Social o falsedad documental en los últimos 10 años. No hay límite mínimo de deuda desde la reforma de la Ley 16/2022. Las sociedades (SL, SA, cooperativas) no tienen acceso a este mecanismo de exoneración personal.

Entre 6 y 18 meses según la complejidad. Los casos sin bienes suelen resolverse en 6-9 meses; los que incluyen bienes o plan de pagos pueden tardar entre 12 y 18 meses. Desde el primer día en que el juzgado admite la solicitud se paralizan automáticamente los embargos, las ejecuciones y las llamadas de acreedores.

La Ley 16/2022 permite exonerarlas parcialmente (art. 489.1.5º TRLC). Para la AEAT y la TGSS por separado: los primeros 5.000 € se exoneran al 100%, el siguiente tramo hasta 10.000 € se exonera al 50% —con un máximo real de 10.000 € exonerado por organismo. Lo que supere ese límite puede aplazarse mediante plan de pagos. Es una exoneración parcial, no total, pero representa un alivio significativo especialmente para autónomos con deudas RETA o IVA acumulado.

En muchos casos sí es posible conservarla. La Ley 16/2022 introdujo protección específica para la vivienda habitual (art. 492 bis TRLC): si la hipoteca está al corriente de pago o se alcanza un acuerdo de reestructuración con el acreedor hipotecario, el deudor puede obtener la exoneración sin entregar su casa. Cada caso requiere análisis individual porque depende del valor del inmueble, la deuda hipotecaria pendiente y la situación de los demás acreedores.

El análisis inicial del caso es completamente gratuito y anónimo: ningún dato sale del navegador. Si el caso es viable, Deudalex trabaja con honorarios cerrados comunicados por escrito antes de firmar nada, sin provisión de fondos de entrada y con pago fraccionado sin intereses. La cifra exacta depende de la complejidad: número de acreedores, patrimonio y tipo de deudas.

Sí. La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada expresamente para personas físicas, incluidos los autónomos. Pueden cancelarse deudas con bancos, tarjetas, proveedores, clientes y administraciones públicas (AEAT y Seguridad Social dentro de los límites legales). No es necesario cesar la actividad para iniciar el proceso. Los autónomos con deudas RETA, IVA o IRPF atrasados son uno de los perfiles más habituales en este procedimiento.

Durante la tramitación del concurso, el procedimiento se publica en el Registro Público Concursal (RPC), que es de acceso público. Sin embargo, una vez el juez dicta la resolución de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) y se notifica a los acreedores, el deudor sale de ASNEF, RAI, CIRBE y cualquier fichero de morosos de forma obligatoria por ley. Los registros se actualizan habitualmente en días o semanas según el fichero.

El art. 488.1.4º TRLC (Ley 16/2022) establece que no puede obtenerse la exoneración si ya se obtuvo en los 10 años anteriores. Por tanto, el período mínimo entre dos exoneraciones es de 10 años.

Completamente legal. La Ley de Segunda Oportunidad está regulada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que modifica el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) e incorpora la Directiva europea 2019/1023. El procedimiento se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil y la exoneración la concede un juez mediante resolución judicial firme. Una vez obtenida, los acreedores exonerados no pueden reclamarte esas deudas nunca más.